El gobierno de Hong Kong publicó en el diario oficial un proyecto de ley que propone someter los servicios de negociación de activos virtuales, asesoría, gestión de activos y custodia a la supervisión de la Comisión de Valores y Futuros (SFC). La medida modificaría la ley contra el lavado de dinero y aún no está en vigor.
Los operadores de criptomonedas, asesores de inversión, gestores de activos y custodios necesitarían una licencia o registro ante la SFC. Los bancos y los titulares de licencias para operar servicios de valor almacenado supervisados por la Autoridad Monetaria de Hong Kong también tendrían que registrarse ante la SFC antes de ofrecer esos servicios. Los proveedores estarían sujetos a evaluaciones de idoneidad y solvencia, normas de conducta y obligaciones de reporte contra el lavado de dinero similares a las que se aplican a las empresas de valores con licencia.
Está previsto que el Consejo Legislativo celebre la primera lectura del proyecto de ley el 2 de diciembre de 2026. El proyecto deberá superar otras etapas legislativas antes de entrar en vigor; las autoridades no han anunciado una fecha de inicio. El gobierno afirma que el régimen propuesto daría a los proveedores una vía más clara para cumplir con las normas y reforzaría la protección de los inversionistas.
La directora ejecutiva de la SFC, Julia Leung, dijo: “La propuesta legislativa marca un hito importante para completar el marco regulatorio de Hong Kong para los activos virtuales”.
El secretario de Servicios Financieros y del Tesoro, Christopher Hui, dijo: “Hong Kong establecerá un régimen regulatorio líder a nivel mundial para los activos digitales, lo que mejorará su liquidez y promoverá la innovación en el mercado”.
La propuesta se presenta tras las consultas públicas concluidas a principios de 2026 y se suma a las normas introducidas por etapas. Hong Kong comenzó a exigir que las plataformas de negociación de activos virtuales obtuvieran licencias en 2023, con estándares de custodia, gobernanza y prevención del lavado de dinero. Las normas para los emisores de stablecoins entraron en vigor en agosto de 2025. Las nuevas categorías ampliarían la supervisión a servicios como la custodia y la asesoría, como parte de la Declaración de Política 2.0 del gobierno sobre el desarrollo de activos digitales.




